El Estado de Derecho como arma política (Parte 1)

25 Setembre 2008 at 8:44 pm 4 comentaris

Interesante texto que he recuperado del “baúl de los recuerdos” de mi etapa universitaria.  Sigue vigente. El ejercicio consistía en leer, reflexionar, comentar, dialogar. Adelante: El objetivo de trasladar a los órganos judiciales las diversas sensibilidades presentes en la sociedad en materia de interpretación y aplicación de la ley ha conducido en muchos supuestos a que se recurra a la designación de jueces, y en general miembros del poder judicial español, por procedimientos específicamente diseñados para asegurar un pluralismo ideológico en la judicatura, es decir, mediante su designación por órganos políticos representativos de la opinión pública.   Los riesgos de elección directa se basan en que puede llegar a representar una excesiva politización del poder judicial. Lo más habitual, pues, es la intervención de órganos legislativos o ejecutivos, o de ambos conjuntamente a la hora de proveer plazas judiciales.  Las objeciones en la forma de selección “política” o por órganos políticos de los jueces, frente a las formas de selección “técnica” son bien conocidas. Parece evidente, que con esas fórmulas políticas, se corre el riesgo de convertir los puestos judiciales en parte del botín político a repartir tras los procesos electorales, y de introducir un factor partidista que comprometería gravemente, en casos individuales, la imparcialidad judicial que se quiere defender en forma general.   Parece lógico que se establezcan garantías que impidan una excesiva politización; garantías que pueden suponer desde la exigencia de mayorías reforzadas, hasta la intervención de varios poderes del Estado en el proceso de designación, pasando por procedimientos de examen y control o el establecimiento de estrictas condiciones de inamovilidad tras el nombramiento. Por otro lado, las fórmulas de designación “políticas” aparecen como apropiadas en relación con los órganos judiciales encargados específicamente de establecer con vocación general la interpretación de las normas legales y constitucionales, estableciendo criterios a seguir por el resto de jueces y tribunales. El nombramiento político sería pues más adecuado respecto de los jueces integrantes de los tribunales supremos y constitucionales, mientras que los procedimientos de selección con arreglo a méritos y capacidades “técnicas” serían los más convenientes en cuanto a los jueces inferiores.  Este tipo de fórmulas de nombramiento “político” de los integrantes de los tribunales aún cuando frecuentes en Derecho comparado, han encontrado poco eco en los países de la Europa Occidental “continental”, en que han predominado tradiciones de organización judicial basadas en la existencia de una carrera judicial, en la selección en virtud de los principios de mérito y capacidad y en la promoción a partir de la antigüedad. Estas tradiciones han impedido el recurso generalizado al nombramiento de jueces por órganos y procedimientos claramente políticos.    Se ha preferido, en su lugar, emplear métodos de selección basados en concursos resueltos por órganos técnicos, y en la promoción dentro de la carrera judicial mediante criterios reglados. Cuando la introducción de criterios no reglados se ha revelado inevitable, se ha preferido recurrir a la intervención de órganos teóricamente menos “políticos”que las Cámaras o el Gobierno, como los Consejos de la Judicatura.    Pero mientras que se han mantenido los procedimientos tradicionales“técnicos” para la selección y promoción de los jueces y magistrados de los tribunales ordinarios, se ha recurrido, en general, a procedimientos de nombramiento “político” en relación con los jueces integrantes de los tribunales constitucionales. En estos casos se ha admitido sin dificultad, no sólo que los jueces constitucionales sean designados directamente por el poder legislativo, o el ejecutivo, sino también que la inamovilidad de los nombrados se configure solo como relativa, esto es, referida a un período limitado de mandato. Por poner ejemplos, en España, Italia o Alemania, los jueces constitucionales son nombrados para un término preestablecido, al final del cual son sustituidos.   En definitiva, nadie duda que la elección de los altos cargos del poder judicial en España, aunque el objetivo es el de la elección plural donde participan Senado, Congreso, Gobierno, etc., al final hay un predominio claro del partido del gobierno, que es además, normalmente, el que tiene mayoría en el Congreso y en el Senado.  Así, pues, se trata de un intercambio entre el partido de gobierno y el partido principal de la oposición (España hoy, PSOE-PP), ya que con estos partidos se garantiza una mayoría suficiente. Incluso a veces con la única mayoría de uno solo de estos partidos es suficiente.  

 

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